Sobre hielo fino: el problema de educar con instituciones quebradizas

por Alan Ojeda

“No, mejor no hablemos de esto porque puede traer conflictos”, “Los padres se quejan si se habla de política en clase”, “Los padres dicen que es su responsabilidad educar a sus hijos sobre sexualidad y no de la escuela”, “No hables de la dictadura”, “Te conviene no dar ese libro. Es fuerte y dice muchas malas palabras”, “Nadie debe tocar el tema drogas”, “Eviten las discusiones sobre el aborto en clase”, son solo algunos de la larga listas de “NO” con los que se encuentra el docente al momento de trabajar en una escuela.

En ese momento uno siente que la infancia no se termina, y que la imposición de prohibiciones sin sentido continúa. Así, poco a poco, se va construyendo en el docente una sensación de paranoia absoluta. Nada lo respalda, no hay norte, y se encuentra en offside al mostrar la más mínima disidencia. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que, casi dos décadas después de haber atravesado las puertas del milenio, aún no nos ponemos de acuerdo en las bases. No hay acuerdo sobre métodos pedagógicos, no hay acuerdo sobre contenidos, no hay acuerdo sobre las materias y cuáles son las habilidades que debe desarrollar un estudiante, no hay acuerdo sobre la educación sexual y la memoria.

Ahora bien, ¿esto cambiaría si pasáramos a un modelo de educación pública como el de Finlandia? ¿Lograríamos un cambio cualitativo si lográramos abolir la escuela privada? Pareciera que no, ya que esto sucede incluso en escuelas estatales, donde la garantía de poder trabajar sobre cuestiones que son política de Estado debería estar garantizada. Entonces el problema es más grande que el dilema entre la escuela privada (laica, castrense o religiosa) y la pública. ¿Cuáles son las barreras que aún deben superarse para poder dar un salto hacia una nueva discusión?

Educación e inestabilidad institucional

El año pasado, durante la cursada de una materia de maestría, una compañera tuvo que analizar un poema ya clásico de la literatura alemana contemporánea: “Todesfuge” o “Fuga de muerte” del Paul Celan. Durante el análisis comentó que es un poema que se lee en las escuelas alemanas y que forma parte de la política de la memoria de ese país, y su vocación por condenar lo sucedido durante el nazismo. Eso puede confirmarse cuando uno visita Berlín y se encuentra con una ciudad-museo preparada no tanto para los extranjeros como para los propios alemanes. ¿Qué quiere decir eso?

Topografía del terror es por ejemplo un centro moderno que documenta los horrores del nazismo, ubicado donde estaba la sede central de la Gestapo. Si uno se acerca a pedir una audio-guía, le dirán que sólo hay en alemán, entonces mira alrededor y el espacio está lleno de profesores y alumnos de secundaria repasando su propia historia. Luego de la caída del muro, Alemania (y sobre todo Berlín) ha canalizado sus fuerzas en recordar los fracasos de los totalitarismos que la han atravesado.

Ese trabajo fue posible por una voluntad institucional tanto nacional como internacional. Si bien se condena también al pasado comunista, sus museos son más una curiosidad. Incluso se percibe, desde la forma en la que se presentan las exposiciones hasta por la circulación de gente que los consume, un dejo de superación y sorna, como si el comunismo hubiera sido solo un virus extranjero por el que se dejaron seducir. En contraposición, los espacios dedicados al nazismo son lugares de recogimiento, silencio y reflexión. Cada uno de los lugares dice: “Nosotros -sí, nosotros- hicimos esto”. Dudo que eso cambie algún día.

De la vereda opuesta estamos nosotros, los del país que no terminamos de asumir: “Nosotros -sí, nosotros- hicimos esto”. A 42 años del último golpe cívico militar, tanto políticos como ciudadanos se niegan a condenar definitivamente lo sucedido. A 42 años aún se buscan razones para justificar el proceder de las fuerzas armadas, casi siempre usando como argumento la presencia de Montoneros y PRT-ERP, organizaciones de izquierda que, ya para ese entonces, se encontraban lo suficientemente desmembradas. Ese argumento parece servir para todo, incluso para evitar la discusión sobre la anulación del Estado de derecho. Esto se agrava cuando autoridades del Estado salen a cuestionar las cifras de desaparecidos, la existencia de un plan sistemático de desaparición y asesinato de personas o la destrucción de la economía argentina durante esos años.

Pero esto es la base de algo más grande: la debilidad de las instituciones argentinas. Basta que cambie un gobierno para que todo lo anterior sea arrasado, para que los planes educativos cambien, la mirada sobre la historia cambie, los culpables cambien, y el docente pierda el amparo del Estado para tratar ciertos temas.  Los vaivenes de la política hacen eco en la economía, pero también en la educación. Un día se puede estar haciendo un proyecto sobre Derechos Humanos y diversidad sexual y al otro día recibir una intimación, una denuncia, una queja vehemente de algún padre o una reprimenda por parte de una autoridad educativa. Esa fragilidad institucional nos pone en un dilema ¿Cómo educar si el Estado no es capaz de aceptar cuestiones básicas como el horror que implica el ejercicio sistemático de la violencia desde el poder y, aún peor, el hecho de hacerlo al margen de la ley?

Lo peor de toda esta discusión es, quizá, el hecho de que la superación del conflicto sea: “Mejor no hablar de esas cosas”. Esa respuesta siquiera es una superación dialéctica del conflicto, sino la aceptación total del silencio como método cómplice del poder. ¿El argumento final para sostener esto? Considerar el debate como una cuestión meramente partidaria. La discusión sobre DD.HH es kirchnerista; hablar sobre neoliberalismo es kirchnerista; criticar a las fuerzas represivas del estado es kirchnerista, etc. Cuando no funciona ese argumento, se vira, rápidamente, al construido por la Iglesia: hablar de identidad de género es moralmente incorrecto; hablar de matrimonio igualitario es moralmente incorrecto; hablar de aborto con los chicos es moralmente incorrecto, and so on, and so on.

Algo similar ha pasado recientemente con la discusión sobre la Ley de Educación Sexual Integral que, a duras penas se ha instalado en algunas instituciones educativas, mientras otras prefieren hacer una interpretación libre de los contenidos u obviarla. Es así, cuando la Ley no gusta todos son Lutero. Si ese nivel de disidencia y libre interpretación es posible aún cuando el poder lo ejerce quien promovió la ley, ¿qué podemos esperar frente a un cambio de signo político?, ¿qué sucede con la educación pública si esta está sometida, directamente, al vaivén ideológico capaz de cuestionar todas las bases sobre las que supuestamente debe construirse la educación de un ciudadano?, ¿qué hacer cuando es el mismo Estado, cuando le conviene, el que cede al ámbito privado las decisiones del ámbito público?

La aplicación de la ESI es el máximo ejemplo de ese problema. Se supone que el Estado debe garantizar la formación de ciudadanos con determinados valores, y eso no se hace sin coerción. El Estado (al menos para los latinoamericanos y gran parte de los europeos) está por encima de la familia. De la misma forma que ningún Estado permitiría que alguien deje de pagar los impuestos debido a sus “creencias personales”, tampoco permitiría que la educación cívica y sexual tuviera como origen el grupo familiar. ¿Podemos confiar que una familia conservadora enseñará a sus hijos sobre métodos anticonceptivos? ¿Podemos confiar en que una familia castrense eduque a su hijo en Derechos Humanos? Esos son espacios en los que la familia no tiene -o no debería tener- potestad. Parece imponerse lo que dijo Jorge Luis Borges en 1945, en su ensayo titulado “Nuestro pobre individualismo”: “El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción; lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano”.

Esta falla en la consciencia argentina y, por lo tanto, en su Estado, dinamitan toda la posibilidad de una educación “moderna” o similar a la tan nombrada “educación finlandesa”. Al autoritarismo del Estado se opone el autoritarismo del núcleo familiar, que se cree en posición de opinar sobre la construcción ciudadana de su hijo. Entonces ¿Qué rol puede ocupar la escuela y el docente frente a un modelo de sociedad que se resiste a universalizar el tratamiento de determinados temas dentro del aula? El docente se transforma, entonces, en un mero reproductor de contenidos designados como “neutros” y “no problemáticos”, mientras se le pide que forme alumnos reflexivos y críticos de la realidad. Es decir, que piensen, pero no tanto.

En el contexto actual es difícil pensar un proyecto de escuela pública como el finlandés, y la discusión excede, por lejos, los salarios miserables y el destrato al que los gobiernos y los medios masivos de comunicación someten a las instituciones educativas. El centro del problema está en la intromisión de la Iglesia, las familias y el mercado. La escuela no es dueña se sí misma, tampoco el docente, y siempre deben rendir cuentas a otro que muchas veces está incapacitado para opinar, pero cuya opinión debe respetarse y aceptarse a rajatabla. Las instituciones que deben garantizar la unificación de contenidos, el camino a seguir y los valores “universales” de la educación, flaquean ante la más mínima crítica y se quiebran frente al más mínimo cambio del signo político.

Pareciera que el argentino se desentiende del Estado. No comprende que entre Estado y Sociedad hay -o debería haber- un feedback continuo, y que el primero es una expresión de la voluntad popular. Cada vez que la educación pierde terreno en estas discusiones y se somete a los educadores a asumir un papel “neutral”, nos alejamos cada vez de cualquier tipo de progreso social. Pero, mejor no hablar de ciertas cosas…

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